El caso de Blanca Pedrín no solo expone la ilegalidad de una construcción, sino que también deja al descubierto una contradicción ética profunda. Durante años, Pedrín ha sido reconocida por su activa participación en causas ambientales, formando parte de foros, firmando pronunciamientos y criticando con vehemencia los proyectos inmobiliarios que atentan contra el equilibrio ecológico de la región. Su voz ha sido una referencia dentro de ciertos sectores que luchan por la conservación. Sin embargo, hoy se ve envuelta en una situación que contradice frontalmente los principios que públicamente ha defendido.
Esta doble moral es más que un asunto personal: representa un síntoma de una problemática extendida, donde figuras públicas utilizan el discurso ambientalista como plataforma, mientras sus acciones revelan motivaciones completamente distintas. Cuando alguien que se presenta como defensora de la naturaleza cae en prácticas que ella misma habría denunciado, el daño es profundo. No solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también desacredita los movimientos legítimos que luchan por proteger los recursos naturales.
¿Falso que se construya sobre dunas?: Blanca Pedrín
La comunidad de Los Cabos ha manifestado su inconformidad, señalando con claridad que el compromiso ambiental no puede ser selectivo ni condicionado por intereses personales. Pero más allá de la indignación social, el reto mayor recae en las autoridades. Se necesita una respuesta firme, ejemplar. Aplicar la ley sin distinciones, sin privilegios, sin importar el nombre o la trayectoria de quien la haya transgredido.
Si las instituciones actúan con tibieza, el mensaje será devastador: que la impunidad ambiental también tiene rostro conocido. Pero si lo hacen con justicia, se fortalecerá la idea de que la defensa del medio ambiente no es un discurso vacío, sino una responsabilidad compartida y vinculante para todos.
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